Orden y patria

Patricio Navia

La Tercera, septiembre 27, 2006

Porque la democracia sólo puede florecer y consolidarse cuando existe orden, las recientes señales que ha enviado la Presidenta Bachelet a Carabineros evidencia la saludable maduración de su administración. Si logra conciliar la imprescindible preocupación por el orden público y la seguridad con su loable interés en lograr más participación ciudadana, el suyo será un gobierno exitoso.

Al iniciar su mandato, Bachelet insistió desmedidamente en su preocupación por introducir más participación a la democracia chilena. Incomprendiendo que la democracia participativa es profundamente desigual—y que los poderosos participan más que los débiles—Bachelet promovió políticas contraproducentes con los ideales socialistas de más igualdad y más libertad. En ese contexto, la admonición pública a Carabineros en ocasión de las idealizadas protestas estudiantiles de mayo constituyó—junto al decálogo leído a sus ministros—uno de los peores momentos de sus convulsionados primeros 100 días. Porque pareció tomar partido con los estudiantes que protestaban y no entendió que la obligación de Carabineros es resguardar el orden público, la propiedad privada y los derechos de todos los chilenos (y no solo de los que protestan), Bachelet deslegitimó el accionar de Carabineros al realizar una reprimenda pública.

Es cierto que en Chile persisten muchas prácticas represivas heredadas de la dictadura que no tienen cabida en democracia. Los carros lanza aguas (guanacos) debieran ser el último, no el primer, recurso para controlar manifestaciones. Mucho más que gases lacrimógenos, Carabineros debería tener rejas de contención y cordeles que delimiten los espacios por donde avancen las marchas. Hay que presumir la buena voluntad de los marchantes. Pero también hay que tener mano firme para los que demuestren que lo suyo es atentar contra la propiedad pública y privada.

En vez de regañar públicamente, Bachelet debería avanzar en la dirección de promover mejores prácticas en Carabineros, mejorando las herramientas de prevención y represión selectiva. Mientras menos antisociales haya en las marchas, más libres se sentirán los chilenos para hacer pública sus demandas y visiones. Mientras más represión selectiva a los antisociales, más legítima participación ciudadana en las calles.

La señal pública de apoyo a Carabineros es un paso en la dirección correcta. El desafío de la Presidenta ahora es adoptar medidas que permitan combinar el derecho de la gente a salir a las calles con el respeto a la propiedad pública y privada y con la valoración del orden democrático. Porque su objetivo es promover un gobierno cercano a las personas, Bachelet debe buscar un adecuado balance entre la necesaria represión y el derecho inherente de los ciudadanos de marchar frente al palacio presidencial en un país democrático.

Plebiscito

Patricio Navia

Revista Capital, #189, septiembre 22, 2006

Si bien nuestra constitución no facilita la celebración de plebiscitos, un incipiente debate se beneficiaría tremendamente si los ciudadanos tuvieran más injerencia directa en los cambios al diseño institucional. Más que ningún otra reforma, la decisión sobre la elección directa de Intendentes perfectamente pudiera ser sometida a un referéndum.

Hace unas semanas, la Presidenta Bachelet cándidamente sugirió que la ciudadanía debiese tener la última palabra sobre el cambio al sistema electoral. Porque la Concertación siempre ha querido modificar el sistema binominal, el gobierno actual se ha empecinado en terminar con lo que muchos consideran el último vestigio del complicado aparato institucional que cuidadosamente diseñó la dictadura antes de dejar el poder. Después de negociar reformas constitucionales que terminaron con los senadores designados, redujeron la influencia del Consejo de Seguridad Nacional y fortalecieron la autoridad civil sobre los militares, el Presidente Lagos sugirió que, a su modo de ver, la transición había terminado. Aunque los laguistas más entusiastas temerariamente sugirieron que teníamos una nueva Constitución, algunos pesimistas alegaron que mientras el sistema binominal siguiera vigente, nuestra democracia seguiría coja.

Desde el inicio de su gobierno, Bachelet ha priorizado la reforma electoral. El entonces Ministro del Interior Andrés Zaldívar encargó al respetado Edgardo Boeninger la formación de una comisión que propusiera una reforma electoral. Si bien el Informe de esa comisión fue rechazado por diversos sectores, el debate sobre la reforma electoral se mantuvo en la agenda política. La decisión de RN de sentarse a conversar un ‘perfeccionamiento’ al sistema electoral anticipa que un cambio al binominal es posible. Aunque la declaración de Bachelet sobre el plebiscito temporalmente frenó las negociaciones, el posterior silencio de la Presidenta ha permitido que la Concertación, RN e incluso el PC se sienten a una mesa de negociación para reformar el sistema.

Si bien algunos temen que la reforma introduzca demasiada representatividad en desmedro de la gobernabilidad, la presencia de RN debiera ser suficiente garantía de que la gobernabilidad seguirá siendo una prioridad. En cambio si es relevante la preocupación sobre un posible contubernio de los partidos que, en aras de la representatividad, reduzcan la competencia restringiendo la capacidad de elección de los votantes. Pero en tanto no haya una propuesta concreta, la mesa de negociación debe recibir el beneficio de la duda.

Inteligentemente, aprovechando de tomar la iniciativa, RN ha puesto en la mesa de negociación una propuesta que busca fortalecer y legitimar los gobiernos regionales: la elección directa de los Intendentes. Los beneficios de esta propuesta son numerosos. La discusión sobre la re-elección presidencial, por ejemplo, tendría más sentido si el gobierno central pierde la capacidad actual de nombrar Intendentes. Resulta más difícil usar recursos del estado para lograr la re-elección presidencial cuando los Intendentes constituyen un efectivo contrapeso democrático. A su vez, se reducirá nuestro presidencialismo exacerbado cuando los legisladores—sabiendo que los Intendentes tendrán ventajas comparativas al distribuir recursos en las regiones—se dedican más a hacer leyes que a oficiar de visitadores sociales de sus distritos.

Pero así como hay intereses creados que se oponen a una reforma al sistema electoral, la elección directa de Intendentes tiene muchos enemigos naturales: desde senadores que ven en los futuros Intendentes a potenciales rivales hasta el gobierno central que correctamente teme perder influencia en las regiones. Amparados en el convincente argumento del centralismo fiscal, los opositores montarán una formidable resistencia a esta iniciativa de descentralización. Peor aún, ya que es quien más pierde, el ejecutivo parece menos interesado en la elección directa de Intendentes.

Por eso, dadas sus preferencias por instancias de democracia directa, Bachelet debería considerar la limitada posibilidad de plebiscitos que existe en la Constitución para permitir que sea la gente la que decida sobre la elección democrática de los Intendentes regionales. A diferencia del cambio al sistema electoral (donde las opciones alternativas son innumerables y técnicamente complejas), la elección directa de Intendentes se presta fácilmente para un plebiscito donde Bachelet pueda poner en práctica su promesa de participación ciudadana.

Olor a azufre

Patricio Navia

La Tercera, septiembre 23, 2006

Después de su patético espectáculo en las Naciones Unidas, el Presidente venezolano zanjó el debate sobre cómo debe votar Chile al escoger al próximo representante de las Américas en el Consejo de Seguridad. Porque somos respetuosos de los principios del derecho internacional y porque creemos que los foros internacionales deben ser usados para solucionar y no para crear problemas, el voto del gobierno de Bachelet no puede ser para Hugo Chávez.

El locuaz presidente venezolano utilizó la tribuna de la ONU para desafiar y burlarse del poder hegemónico que ha demostrado Estados Unidos bajo la administración Bush. Algunos han celebrado la osadía de denunciar al gobierno estadounidense que, cuando decidió unilateralmente invadir Irak, demostró poco respeto por la ONU. Pero si bien las palabras incendiarias provocan titulares en todo el mundo, la forma correcta de fortalecer el estado de derecho internacional es legitimando sus instituciones. El ejemplar comportamiento del gobierno de Lagos, que defendió la legalidad internacional cuando Chile estuvo en el Consejo de Seguridad es el camino a seguir. Después que Chile valientemente demostró la forma correcta de construir gobernabilidad global, nuestro país no puede hoy apoyar la irresponsable estrategia del populista líder venezolano.

Muchos de los que inicialmente se inclinaban a apoyar a Chávez señalaban correctamente que nuestro país debería privilegiar nuestros propios intereses estratégicos. Pero aunque haya beneficios evidentes para nuestros intereses regionales si apoyamos a Chávez, los crecientes costos en nuestra relación con otros países y el alto precio que pagaremos en nuestra reputación como nación seria hacen poco conveniente apoyarlo. Otros argumentan que se vota por países, no por líderes. Pero el escaño en el Consejo de Seguridad servirá más a Chávez que al pueblo venezolano. Chávez se encargó de hacer imposible que Bachelet le de su voto.

Los detractores de Chávez en Chile congregan desde aquellos que equivocadamente quieren negar nuestra realidad como nación latinoamericana hasta los que equivocadamente se apuraron en validar el fallido golpe militar en su contra el 2002. La Presidenta Bachelet no tiene para qué asociarse con esos grupos. Su postura pragmática y profundamente comprometida con la democracia la faculta con suficiente legitimidad para decidir autónomamente su voto. Si bien  ha demostrado simpatía personal por Chávez y parece incómoda ante la agresiva hegemonía de Washington, Bachelet también ha demostrado loable firmeza y autoridad al adoptar las medidas que considera pertinentes.

Aunque su demora en tomar una decisión alimentó las dudas sobre su aparente indecisión respecto a cómo votar, los sucesos de los últimos días han despejado las dudas. Porque Chile quiere legitimar el derecho internacional y queremos dotar a la ONU de más legitimidad, nuestro voto a mediados de octubre no puede ser para Chávez.