Patricio Navia

La Tercera, julo 29, 2007

De la misma forma como ocurrió con el Transantiago, la negociación entre Codelco y los sindicatos de trabajadores subcontratados tuvo problemas de diseño e implementación. Ahora, el gobierno debiera evitar repetir los errores cometidos hace 6 meses. Porque quien quiere gobernar para todos acaba gobernando para nadie, Bachelet debe mantenerse firme en el timón y con una sola hoja de ruta.

La Presidenta debería reprimir su instinto de siempre querer construir consensos. El gobierno debe tener una sola línea. En tanto se mantengan tres posturas distintas al interior del gabinete, se mantendrá la tensión en Codelco. Peor aún, TransCodelco repercutirá negativamente sobre la Concertación, sobre el ánimo del país y sobre la propia estabilidad del gobierno de Bachelet.

Postura 1: Andrés Velasco

Aunque la negociación ha estado a cargo del presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, la postura fue definida por el titular de Hacienda Andrés Velasco. Codelco acepta pagar un bono a los subcontratistas sujeto a metas de productividad, pero deja precedentes claros que delimitan una interpretación amplia de la ley de subcontratación. Esta postura, aplaudida por el sector empresarial, ha sido apoyada por la Presidenta Bachelet.  Luego de lograr un acuerdo con la mayoría de los subcontratistas, Codelco busca deslegitimar a los grupos en huelga—dirigidos por el dirigente PC Cristián Cuevas—y asociarlos con la violencia y con motivaciones políticas que sindicales.

Aunque inicialmente parecía que la postura de Hacienda se había impuesto, las declaraciones de otros miembros del gabinete confundieron las cosas. La propia Presidenta dio señales a favor de un mayor diálogo. La poca habilidad política y negociadora de Arellano y Velasco contribuyó a debilitarlos. Sin entender que Bachelet incurría en altos costos con la izquierda al darle un espaldarazo, el dúo neoliberal no actuó con magnanimidad en la victoria. Peor aún, no pudo cerrar la negociación adecuadamente, ni pudo aislar a los sectores más radicales.  Velasco y Arellano no supieron apreciar el costo político que asumía el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (CFT), el también socialista Raimundo Espinoza al darle su apoyo. Cuando debía demostrar habilidad política, Hacienda y Codelco se comportaron como elefantes en vidriería. Las críticas del mundo político no se hicieron esperar. Comprensiblemente, todos los dardos acusadores apuntaron a Hacienda. Para Andrés Velasco, esta terminó siendo una victoria pírrica.

Postura 2: Osvaldo Andrade

El Ministro del Trabajo Osvaldo Andrade se comporta como el representante de la izquierda extraparlamentaria en el gobierno. Al igual que muchos otros socialistas duros, Andrade nunca ha creído en el modelo neoliberal concertacionista. Como es ministro, ha decidido hacer algo al respecto. Porque siente que Andrés Velasco está débil y porque cree que Bachelet está más cerca de su propia postura estatista, Andrade ha buscado estirar la interpretación de la ley de subcontratación para facilitar la negociación inter-empresa y para fortalecer el alicaído movimiento sindical. Con sus posturas más a la izquierda que el propio líder de la CFT Raimundo Espinoza, Andrade le ha echado leña al fuego. Las críticas de los parlamentarios díscolos han encontrado apoyo en sus declaraciones. Si Andrés Velasco ha parecido demasiado cercano a Arellano, Andrade parece estar demasiado próximo a Cristián Cuevas, el líder de los subcontratistas inconformes. Para Andrade, Arellano actúa como un empresario, mientras que él quiere defender los intereses de los subcontratistas.

Postura 3: Belisario Velasco

Para zanjar una disputa que ya estaba haciendo daño, el titular de Interior entró a lidiar con el problema. Esta cuestión laboral ya se había convertido en un problema político. Pero Belisario Velasco llegó tarde. En febrero, con el Transantiago el jefe de gabinete correctamente anticipó muchos de los problemas que conllevaría la reforma, pero sus advertencias no tuvieron efecto sobre Bachelet. No falló en la predicción, pero si en su capacidad de ejercer como jefe de gabinete. Si su olfato político se hubiera impuesto, la implementación del Transantiago se hubiera podido retrasar hasta que llegaran suficientes buses y se construyera la infraestructura.

En este conflicto, Interior debió haber anticipado los potenciales problemas de la negociación con los subcontratistas. La quema de buses y la eficaz organización del movimiento sorprendieron a todos. Igual como ocurrió con los estudiantes secundarios (antes de la llegada de Belisario Velasco al gabinete) o con el Transantiago, el gobierno no supo actuar a tiempo para evitar que un problema deviniera en crisis. De poco sirve anticipar lo que va a pasar si no hay tiempo suficiente para tomar medidas o influencia política necesaria para ejercer poder.

¿Y ahora qué?

Cuando se produjo el paro de los microbuseros en agosto de 2002, el Presidente Lagos reaccionó con firmeza y el país aplaudió esa señal de autoridad. Bachelet no ha ejercido adecuadamente la autoridad. Aunque tome las decisiones acertadas, su demora en decidirse acarrea costos demasiado altos. Los problemas devienen en crisis porque muchos actores creen tener su apoyo implícito. Como casi siempre ocurre, cuando Bachelet termina respaldando a su titular de Hacienda, los días de indecisión y la decepción de los perdedores dejan demasiados costos.

Peor aún, en su intento por construir consensos, Bachelet da señales equivocadas. Luego de abstenerse en la votación en la ONU, Bachelet le reconoció a su embajador en Venezuela que hubiera querido votar por Chávez. Después de dar el vamos al Transantiago, deslindó responsabilidades al hacer referencia a un instinto que le decía que debía hacer otra cosa. Aunque ahora decidió respaldar a Hacienda, la Presidenta también dio pie para que Andrade se sintiera con capacidad de ejercer presión.  Esa actitud es secundada por el Ministro Viera-Gallo, que también busca quedar bien con todos.

En esta crisis, Hacienda y Trabajo protagonizaron un nuevo encontrón. La debilidad de Lagos Weber aumentó el desorden. La tardía intervención de Belisario Velasco—que definitivamente no cuenta con la confianza presidencial que debe tener un Jefe de Gabinete—no logró evitar que el conflicto escalara a una crisis política. Al final, el país fue testigo de un nuevo round donde el costo de los errores no forzados ha superado con creces los beneficios del acuerdo anunciado entre Codelco y la mayoría de los subcontratistas.  

Bachelet todavía tiene una oportunidad para demostrar liderazgo y autoridad. Los subcontratistas que siguen movilizados esperar ejercer presión para lograr más concesiones. Si el gobierno cede, ocurrirá lo mismo que frente a los pingüinos secundarios. Si muestra firmeza, apelando a la razón, al diálogo sin amenazas y, en última instancia, al estado de derecho, logrará acallar al mediático pero reducido e impopular movimiento de subcontratistas inconformes. Mejor aún, esa victoria le dará la dará fuerza a La Moneda para iniciar un productivo debate sobre los derechos laborales de todos los trabajadores subcontratados.

Porque dudó después de dar el vamos al Transantiago, Bachelet no podrá obtener los beneficios cuando los buses funcionen adecuadamente. La Presidenta no debe volver a cometer el mismo error ahora. Después de apoyar la postura de Hacienda, Bachelet no debe permitir que se alimenten dudas sobre cuál es su postura frente a este conflicto laboral devenido en crisis política.

Patricio Navia

Revista Capital, #209, 27 de julio de 2007

Después de los traumáticos problemas de diseño e implementación del Transantiago, el gobierno parece convencido de que es mucho mejor no adoptar reformas que correr el riesgo de hacerlo mal. Por eso, en los próximos dos años, el país deberá acostumbrarse a que la iniciativa política sea tímida y las grandes reformas que anunció Bachelet devengan en pequeños y deslucidos ajustes.

Más que la abandonada paridad de género, las caras nuevas, la democracia participativa o las protestas estudiantiles de 2006, el Transantiago es hasta ahora el principal legado de Bachelet. Este ambicioso proyecto revolucionario de políticas públicas que aspiraba a cambiarle la cara a Santiago terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza que ha paralizado al gobierno. Además de los conflictos que han producido las veladas críticas entre los que diseñaron el sistema bajo el gobierno de Lagos y los que lo implementaron bajo Bachelet, el Transantiago también ha desnudado las crecientes grietas programáticas y tácticas en la Concertación. Las agendas personales se han visto potenciadas toda vez que la propia Bachelet nunca pareció entender la importancia de esta revolucionaria transformación. Después de irse de vacaciones para su inauguración, Bachelet intentó deslindar responsabilidades sugiriendo que en realidad ella hubiera preferido no adoptar la reforma. Los adversarios del titular de Hacienda Andrés Velasco—hasta entonces el más poderoso de los ministros del gabinete—aprovecharon la ocasión para intentar derribarlo. Un cambio de gabinete de por medio y 5 meses después, el Transantiago sigue representando el más claro síntoma de los problemas de conducción política de La Moneda y de control de agenda del gobierno de Bachelet.

Los problemas no empezaron con el Transantiago, pero esa crisis los agravó. Si hasta febrero La Moneda creía que podía dejar una huella indeleble en la sociedad después de estos cuatro años de gobierno socialista (Bachelet alguna vez declaró que el gobierno de Lagos fue más bien neoliberal), ahora se ha impuesto la tesis de hacer lo menos posible para no volver a dejar una embarrada. Esa actitud, por cierto, ya la habíamos empezado a ver en ciertas dependencias públicas. Los escándalos de corrupción en el MOP primero y en Chiledeportes después han frenado muchos otros programas de intervención focalizada. Nadie quiere ser el centro del próximo escándalo. La institucionalidad medioambiental, dividida entre aquellos que idolatran la ecología y los que creen más en el desarrollo económico, se ha convertido en un freno a la inversión mucho más que en un filtro que permita separar lo bueno de lo malo.

Adicionalmente, la correcta preocupación con la eficiencia y efectividad del gasto público también ha puesto un freno a varios proyectos que estaban en etapa de planificación. La decisión de no construir el puente que uniera el continente con la isla de Chiloé constituyó una señal poderosa a favor de la eficiencia en el gasto. Pero también representó un claro cambio de prioridades. A partir de ahora es mejor no realizar un proyecto que correr el riesgo de que la mala gestión y la creciente corrupción aumenten demasiado los costos. Con esa lógica de eficiencia, nos habríamos evitado el inminente escándalo de las cárceles concesionadas, pero tampoco tendríamos reforma procesal penal ni muchas obras concesionadas.  El lema del gobierno parece ser que mientras menos cosas se hagan, menos posibilidades de provocar escándalos.

Si bien esa postura es comprensible, es también profundamente dañina y contraproducente. La Moneda debe entender que su desafío es liderar, introduciendo cambios y reformas que permitan al país competir mejor en un mundo globalizado, que incentiven la inversión y el desarrollo, que sean conducentes a la creación de empleo y que, con programas focalizados, contribuyan a aminorar los costos para los perdedores, los más pobres y aquellos en posición de vulnerabilidad.

Pero el síndrome Transantiago tiene a La Moneda, y al resto del gobierno, paralizado. La esperanzas radican en que la economía ande bien—por lo que algunos datos recientes sobre inflación y confianza de los consumidores han despertado mucha preocupación—y que las divisiones al interior de la Alianza faciliten una nueva victoria concertacionista en 2009. Pero la idea de que el cuatrienio de Bachelet vaya a dejar un legado positivo, claro y permanente parece haberse convertido en la primera y principal víctima del fallido intento por reformar el transporte capitalino. Más que transformar el país, el gobierno de Bachelet ahora sólo espera poder evitar que la gente vuelva a asociar a los socialistas en el poder con largas colas de espera y con una equívoca intervención estatal en el mercado. 

Patricio Navia

La Tercera, julio 26, 2007

Después de una seguidilla de errores no forzados, la Presidenta Bachelet nuevamente parece dar señales de querer zanjar la disputa entre los autoflagelantes estatistas y los autocomplacientes libremercadistas en su gobierno a favor de los segundos.

Después de meses de ser consumido por el Transantiago, el gobierno ha demostrado que sus problemas son esencialmente de manejo político. La derrota en el Senado de los nombres propuestos para el directorio de TVN constituyó la confirmación de que La Moneda no puede gobernar. Más que la indisciplina de los parlamentarios concertacionistas o que los errores del deficiente triunvirato de ministros, el problema es la ausencia de una hoja de ruta. Mientras Bachelet siga indecisa entre sus ministros que quieren un corregir el modelo de economía social de mercado y aquellos que buscan profundizarlo, el gobierno seguirá sin rumbo. Peor aún,  se impondrá el síndrome de pato cojo. Por distintas razones, los gobiernos de Fox en México y de Toledo en Perú demostraron que ese síndrome puede inutilizar a un gobierno. Aunque la economía ande bien, si se percibe a un gobierno sin rumbo, el estado de ánimo del país será negativo.

Peor aún, ya que la economía anda bien, la única forma que tiene Bachelet de revertir sus bajos niveles de aprobación es a través del manejo político. A diferencia de Lagos, cuya aprobación mejoraron a la par de la recuperación económica, Bachelet solo mejorará en las encuestas si es capaz de demostrar liderazgo decidido.

La ya legendaria disputa entre las dos almas de la Concertación ha golpeado fuerte al gobierno. Desde el simbólicamente poderoso debate sobre si apoyar o no a Venezuela para el consejo de seguridad de la ONU hasta el debate sobre la reforma previsional, o la nueva LOCE, Bachelet nunca ha dejado en claro cuál postura apoya. Su estrategia inicial fue formar comisiones y tratar de alcanzar consensos. Pero gobernar requiere tomar decisiones donde algunos pierdan y otros ganen.

En días recientes, Bachelet ha dado señales de inclinarse hacia una postura pro economía social de mercado. Desde las negociaciones en Codelco hasta su encuentro con los empresarios, Bachelet parece querer indicar una hoja de ruta. Al menos eso dicen los oficialistas neoliberales con rostro humano que ha comando los destinos del país desde 1990. Pero los estatistas críticos del modelo saben que con Bachelet han estado más cerca que nunca del poder. Como esta no es la primera vez que Bachelet da señales de apoyo a su titular de Hacienda para luego dejar en claro que también apoya a su estatista Ministro del Trabajo, hay que ser agnósticos frente a estas señales recientes. 

A menos que la Presidenta se ate al mástil con un cambio de gabinete que meridianamente refleje la visión de una economía social de mercado, las señales recientes serán sólo una nueva evidencia de la ineptitud política de un gobierno que insiste en querer quedar bien con todos.