Patricio Navia

La Tercera, marzo 30, 2008

Mientras no rompa el cordón umbilical que lo une al mundo de los negocios, Sebastián Piñera seguirá saboteando sus aspiraciones presidenciales con su propia incontinencia empresarial. En su reciente viaje a Perú, Piñera demostró incapacidad para crear un cortafuego entre la política y sus intereses empresariales. 

Piñera parece no entender lo poco saludable que resulta para la democracia mezclar la política con los negocios. En su reunión con el presidente Alan García, Piñera también se entrevistó con la Ministra de Transportes peruana Verónica Zavala. Aunque dice haberse sorprendido por la presencia de la ministra en la reunión, lo cierto es que Piñera no hizo esfuerzos por dejar en claro que viajaba a Perú como candidato presidencial y no como dueño de LAN. Aunque no sea miembro del directorio, Piñera es uno de los principales accionistas. Resulta inverosímil suponer que no está al tanto de los problemas y desafíos que enfrenta la empresa. Peor aún, ya que participó de una cena en casa del presidente de LAN Perú donde asistieron importantes políticos, es evidente que Piñera no entiende los potenciales conflictos de interés entre ser dueño de una empresa con importantes intereses en Perú y visitar ese país como candidato presidencial. Era obvio que debía mantener a LAN fuera de todas sus actividades. La cena con políticos podría haberse realizado igual. Aunque sea verdad de Perogrullo sugerirlo, la esposa del César no solo debe serlo sino también parecerlo. 

Con su falta de tino, Piñera ha permitido que se alimenten rumores de que se discutieron los intereses de LAN en Perú. La incapacidad de Piñera para evitar la percepción de conflictos de interés confunde a cualquier observador neutral. Si fue a Perú como líder político, entonces no podía avalar que se sospechara que se había discutido sobre LAN. En sus viajes internacionales, los políticos a menudo expresan preocupación sobre los problemas de empresas chilenas con presencia en esos países. Pero no deberían aprovechar sus giras para defender intereses de sus propias empresas.

Si en cambio Piñera hizo uso de su legítimo derecho de ir a Perú como empresario, entonces no debió promocionar su viaje como acto de campaña y no debió presentarse ante la opinión pública chilena como estadista defendiendo intereses nacionales. Lo que es bueno para LAN no es necesariamente bueno para Chile. Todo empresario tiene derecho a defender los intereses de su empresa, pero nadie tiene derecho a intentar blindarlos con la bandera nacional.

En su viaje, insistió en que visitaba Perú “como Sebastián Piñera”. En sus actividades en ese país, parece haber demostrado fehacientemente que el empresario es incapaz de separar aguas del político. Al igual que cuando demostró “incontinencia bursátil” al realizar compras ilegítimas de acciones de LAN (motivo por el que fue multado por la autoridad respectiva), Piñera volvió a alimentar dudas sobre sus prioridades. Peor aún, alimentó sospechas sobre su criterio y liderazgo. Su incapacidad para separar su relación con LAN de su calidad de candidato permite incluso cuestionamientos sobre su sentido común. Al momento de escoger a su candidato presidencial, la Alianza tendrá que decidir si avala estos reiterativos conflictos de interés en la vida pública de Piñera. En caso de que la Alianza no crea imprescindible crear un cortafuego entre los intereses empresariales y la política, los chilenos podrán optar por escoger como presidente a un hombre que, una vez más, exhibió incontinencia empresarial cuando más necesitaba comportarse como hombre de estado.

Patricio Navia

Revista Capital, #224, marzo 21, 2008

De todas las reformas institucionales adoptadas desde el retorno de la democracia, la interpelación parlamentaria a ministros de Estado es una de las menos acertadas. En vez de consolidar el poder fiscalizador de la Cámara de Diputados y reducir el presidencialismo exacerbado de nuestro sistema político, esta atribución ha devenido en un triste espectáculo. En cada una de las interpelaciones que han ocurrido desde que esta reforma constitucional entró en vigencia, los beneficios para el ejercicio del mandato fiscalizador de la Cámara han sido mínimos mientras que los costos en términos de desprestigio de la política han sido enormes. En vez de ser conducente a mejorar los canales de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición, la interpelación parlamentaria ha convertido a la Cámara en un escenario ocasional de fallidos y deplorables intentos de linchamiento político que solo deshonran a todos los involucrados.  

En las reformas constitucionales promulgadas en 2005 se incluyeron innovaciones que buscaban mejorar la capacidad fiscalizadora de los diputados. Entre ellas estaba la potestad de citar a un ministro para “formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo” (artículo constitucional 52c). Los ministros deben presentarse, hasta tres veces al año, para ser interpelados si así lo solicita la Cámara. La primera interpelación se produjo en medio del movimiento estudiantil en junio de 2006, cuando el entonces titular de Educación Martin Zilic, se sometió a un maratónico, pero inútil, interrogatorio. Desde entonces, la interpelación de ministros se ha convertido en una práctica común. Desde el vocero de gobierno Francisco Vidal hasta la titular de Salud Soledad Barría, ya son cuatro los ministros que han sido interpelados.

Tal vez la más patética de todas las interpelaciones fue la del entonces Ministro del Interior Belisario Velasco, el 13 de agosto de 2007. Aunque la convocación era para averiguar sobre las responsabilidades por el Transantiago, el diputado UDI Rodrigo Álvarez lo increpó con un religioso y extemporáneo “en nombre de Dios, váyase.” Emulando la legendaria frase del parlamentario inglés Oliver Cromwell, Álvarez pareció no entender que, en un país donde los ministros son de la exclusiva confianza del presidente, la interpelación parlamentaria no tiene sentido. Porque Chile no posee un sistema parlamentario como el inglés—ni tampoco debiesen existir exabruptos autoritarios como el de Cromwell en 1653—la interpelación parlamentaria simplemente no tiene sentido.  

Es comprensible que la Cámara de Diputados busque fortalecer sus atribuciones fiscalizadoras y mejorar su poder relativo frente al ejecutivo y al Senado. Es más, muchos estudiosos han advertido sobre los efectos negativos que la ausencia de apropiados pesos y contrapesos en nuestro sistema político tiene para la consolidación democrática. Pero la interpelación parlamentaria no contribuye a solucionar el problema. Ya que el sistema electoral binominal convierte a la Alianza y a la Concertación en los grandes electores, los parlamentarios deben sus puestos mucho más a las negociaciones entre partidos que a su desempeño legislativo o a su servicio a los electores. Peor aún, ya que los votantes difícilmente pueden evaluar su desempeño, los diputados saben que el estudio acucioso de los proyectos de ley poco les ayuda para ganar la reelección. Al contrario, sólo si producen noticias, son conocidos en sus distritos. Por cierto, las interpelaciones proveen una inmejorable ocasión para que diputados de oposición puedan aparecer en la televisión. Más que fortalecer la fiscalización, las interpelaciones terminan siendo oportunidades para que los diputados potencien su propia posibilidad de re-elección.

Para mejorar la calidad de nuestra democracia, Chile necesita adoptar reformas que fortalezcan al poder legislativo. Pero esas reformas deben producir un sistema electoral más competitivo, introduciendo incentivos para que los electores—y no las coaliciones—decidan quién llega al parlamento. También debe fortalecerse la capacidad fiscalizadora de la Cámara e introducir incentivos para que los diputados dediquen más tiempo al estudio de proyectos de ley y al proceso legislativo en general.

Lamentablemente, mientras siga en vigencia, la interpelación parlamentaria mantendrá los incentivos para que los diputados se preocupen más del performance mediático que de ejercer eficazmente su potestad fiscalizadora. De paso, estos excesivamente histriónicos y fiscalizadoramente inútiles espectáculos solo contribuirán a debilitar nuestra democracia y a profundizar la crisis de legitimidad de la clase política. 

Patricio Navia

La Tercera, marzo 9, 2008

Precisamente cuando parecía que su paso por la Secretaría General de la OEA sería un paréntesis en su carrera política, José Miguel Insulza se vio en el centro de la peor tormenta política que ha enfrentado América latina desde el fin de la guerra fría. Pero de la misma forma que se consagró como un político notable en Chile cuando lideró la respuesta del gobierno de Frei al arresto de Pinochet en Londres, Insulza demostró en esta nueva crisis que cuando más grave y difícil el desafío más fuertemente aparece el liderazgo de este calmado, frio, visionario y hábil negociador. 

Hace una semana, el ingreso injustificado de tropas colombianas a territorio ecuatoriano elevó dramáticamente la tensión en el continente. Las revelaciones posteriores sobre los contactos del gobierno ecuatoriano con los líderes de las FARC y la virulenta reacción de Hugo Chávez empeoraron la situación. La movilización de tropas en la zona más inestable del continente comprensiblemente alertó a los líderes democráticos de la región. Rápidamente, y gracias a la cooperación de Brasil y al militante bajo perfil de Estados Unidos, el Secretario General logró, con la venia de los países involucrados, negociar una declaración que permitiera las condiciones mínimas para que se produjera un diálogo en la cumbre previamente programada del Grupo de Río en República Dominicana.

De todos los escenarios posibles que podrían haberse producido en esa cumbre, el apretón de manos entre los presidentes de Colombia, Ecuador y Venezuela fue muy beneficioso para Insulza. Si bien el acuerdo pone paños fríos, las tensiones están lejos de desaparecer. Los motivos que llevaron al gobierno colombiano a atacar al campamento guerrillero en territorio ecuatoriano siguen presentes. El sonido de trompetas de guerra no se acallará fácilmente. Ahora que evitó condena por el injustificado ataque sobre territorio ecuatoriano, Uribe siente que su estrategia de aniquilamiento de las FARC se ha legitimado. La simpatía de Chávez hacia las FARC no cesará, como tampoco su intento por legitimarla liderando una negociación para liberar rehenes. Correa vio subir su popularidad cuando rechazó la incursión colombiana. Él también pudiera querer seguir sacando partido a este conflicto guerrillero que, para bien o para mal, ya se internacionalizó.

Ahora, liderando una misión a la zona del ataque inicial, Insulza será el principal encargado de transformar la buena intención en hechos concretos que permitan construir una paz duradera y estable. Ya que aún una victoria militar del gobierno colombiano sobre las FARC precisará de iniciativas de desmovilización y pacificación, la tarea de Insulza debe ser la construcción de grandes acuerdos en pro de la consolidación democrática. Hay muchos desafíos complejos que podrían fácilmente desrielar dichos acuerdos. La animadversión entre Uribe y Chávez es evidente. La cercanía de Uribe con Estados Unidos y la Chávez con Cuba complican cualquier acuerdo. Después del ataque colombiano, el propio Correa probablemente termine más cerca de Chávez. Las FARC no están interesadas en deponer las armas. La tozudez de Estados Unidos que insiste en militarizar la región tampoco ayuda. El apretón de manos del viernes bien pudiera terminar siendo un inútil intento por lograr una paz imposible. Después de todo, el conflicto se ha prolongado por casi 50 años. Hay buenas razones para pensar que este sigue siendo un volcán a punto de estallar.

La tarea de Insulza es difícil. Pero el Secretario General ya dio muestras de que su mejor desempeño ocurre frente a tareas monumentales. Ahora que tiene un mandato y goza de una inmejorable legitimidad, Insulza podrá demostrar sus habilidades negociadoras. Ya que él mismo ha explicitado sus intenciones presidenciales, su posición como constructor de un acuerdo de paz le permitirá frenar a incomprensiblemente ansiosos partidarios que ya lo quieren ver en Chile en la incómoda condición de precandidato presidencial.