Cortafuegos entre negocios y política

Patricio Navia

La Tercera, febrero 11, 2010

Al anunciar su gabinete, el Presidente Piñera despejó las dudas sobre el retorno del pinochetismo al poder. Sin embargo, el énfasis en la capacidad de gestión en el sector privado abrió un nuevo flanco de críticas: los potenciales conflictos de interés se pueden convertir en la sombra de su administración. Si los maneja bien, su gobierno será comparable al del popular alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Pero si el cortafuego entre la política y los negocios funciona mal, inevitablemente aparecerán las comparaciones con el gobierno de Silvio Berlusconi en Italia.  

Ya que la mitad de los ministros tenía menos de 30 años cuando terminó la dictadura, no hay rostros emblemáticos del pinochetismo. Incluso Joaquín Lavín, otrora cercano a Pinochet, hace tiempo reconoció que debió haber votado por el No en 1988. La participación de Cristián Larroulet, ex jefe de gabinete de Hernán Büchi, no debe ser exagerada. Después de todo, pocos conocen hoy al jefe de gabinete del ministro de Hacienda.

Pero el nombramiento de gerentes en puestos clave -incluidos ministerios sectoriales- genera razonables dudas sobre potenciales conflictos de interés. El nombrado ministro de Educación, Joaquín Lavín, posee participación en una inmobiliaria que retira utilidades casi exclusivamente de inmuebles que arrienda a la Universidad del Desarrollo. Si bien el gobierno podría, imitando una frase de la época de Allende, usar "resquicios legales" para alegar que Lavín no tiene intereses en una universidad, las políticas educacionales afectarán su patrimonio y también el del titular de Segpres, Cristián Larroulet, que comparte propiedad en dicha inmobiliaria. Desde los clientes de la oficina de abogados del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, o del titular de Justicia, Felipe Bulnes, hasta las empresas en cuyos directorios han estado los titulares de Relaciones Exteriores, Transportes o Hacienda, las nuevas autoridades deberán demostrar que no hay conflictos de interés. Después de todo, como recordaba la Alianza cuando defendía la probidad desde la oposición, la esposa del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo.  

Varios ministros ocupan puestos de directorios en empresas privadas, incluidas algunas cuyas ganancias dependen de marcos regulatorios que son determinados, al menos parcialmente, por los propios ministros. La renuncia a esos directorios es condición necesaria, no suficiente, para fortalecer el cortafuego entre negocios y política. Esos ministros se deben abstener de participar en discusiones que puedan afectar a las empresas a las que ahora se disponen a renunciar. Este gobierno no puede quedar atrapado por el fantasma de faltas administrativas que recuerden la multa que recibió Piñera, por "no hacer uso del deber de abstención", porque en "razón de su cargo o posición" tenía "acceso a información privilegiada".

Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero en política, la vara debe ser superior a la que se aplica en tribunales.  

Hay que evitar los potenciales conflictos de interés, no sólo castigar la evidencia de decisiones arbitrarias a favor de determinadas empresas. Como ha creado altas expectativas y porque ha prometido combatir la corrupción y mejorar la eficiencia, la administración de Piñera debe cumplir lo que prometió. En las semanas que se vienen, deberá demostrar que su nuevo estilo de hacer política incluye la construcción de un cortafuego poderoso e infranqueable entre la política y los negocios.