Patricio Navia

La Tercera, julio 15, 2007

En tanto la opacidad reine en los criterios de nominación de los directorios de las empresas del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y no se establezcan mecanismos adecuados para evaluar el desempeño y gestión de los directores, el SEP constituirá la mejor evidencia de que la coalición de gobierno entiende el sector público como una oportunidad para repartir premios de consuelo y suplementos de sueldos a los miembros de la familia concertacionista.

A diferencia de las empresas privadas que transan en bolsa, las empresas públicas no están sometidas ni a las demandas de sus accionistas que esperan ganancias, ni al escrutinio de los agentes del mercado que evalúan los riesgos de invertir en esas empresas. Ya que los dueños de las empresas públicas (agrupadas en Chile semi-formalmente dentro del SEP) somos todos los chilenos (representados por el Estado), los directorios de las empresas públicas se convierten en decisores autónomos que no rinden cuenta a ningún dueño ni a ninguna junta de accionistas. Los incentivos para hacer bien la pega prácticamente no existen en los directorios de las empresas del SEP. Si la empresa produce ganancias, los beneficios se diluyen entre el Estado y los trabajadores de la empresa. Si va a pérdidas, el Estado se tiene que poner con el billete para pagar las deudas. Los directores no asumen responsabilidades, pero si cobran sueldos.

Porque hay empresas y sectores que el país ha considerado estratégicamente importantes, el Estado mantiene la propiedad de al menos 36 empresas estatales, que van desde CODELCO, pasando por TVN, Banco Estado, ENAP (que no integran el SEP) hasta EFE y varias portuarias y sanitarias. Dependiendo de la estructura de propiedad, el gobierno nombra a algunos o todos los miembros de los directorios. Pero en vez de privilegiar habilidades técnicas y experiencia en gestión, la Concertación a menudo han visto estos directorios como oportunidades para otorgar sueldos a líderes políticos, ex parlamentarios, ex ministros y otros miembros de la elite de sus partidos.

¿Con qué criterio el ex ministro Francisco Vidal o el ex senador Sergio Paez fueron nombrados al directorio del Banco Estado? Nadie cuestiona los méritos y experiencia de economistas como Jorge Marshall o Nicolás Eyzaguirre para participar del directorio del Banco Estado, pero la presencia (hasta 2005) del ex ministro Genaro Arriagada en ese directorio induce a sospechar que la Concertación entiende esos puestos mucho más como sueldos suplementarios (“suples”) que como oportunidades para incorporar líderes que contribuyan a mejorar la gestión y a aumentar las utilidades de esas empresas que pertenecen a todos los chilenos.

El reciente escándalo de Ferrocarriles (EFE), que involucra deficiente gestión y fallas en su diseño estratégico, subraya la necesidad de nombrar directorios que ejerzan tanto una labor de fiscalización como de control de calidad. Pero una revisión de los antecedentes profesionales de los directores de EFE en años recientes deja en claro que la experiencia en el negocio del transporte en general nunca fue criterio para escoger al directorio. Claudio Huepe es un político experimentado (aunque ha perdido todas las elecciones en que ha participado después de 1990), pero no es un empresario ni un experto en ferrocarriles. Su presencia en el directorio de EFE en 2003-2004 parece estar más relacionada con un premio de consuelo después de un poco memorable periodo en el gabinete de Lagos que con una preocupación real del gobierno por optimizar la gestión. Esto es particularmente preocupante toda vez que Lagos estaba empeñado en lograr que EFE extendiera el tren rápido desde Santiago hasta Puerto Montt. Subrayando una característica de su gobierno, Lagos parecía mucho más interesado en construir un gigantesco legado que en asegurarse de que las distintas dependencias públicas tuvieran la gente mejor capacitada para convertir esos loables sueños en realidad.

Los ejemplos abundan, el ex Intendente metropolitano, el PPD Sergio Galilea o la ex ministra de vivienda Sonia Tschorne tenían más experiencia política que empresarial cuando fueron nombrados al directorio del Metro S.A. El intelectual PS Marcelo Contreras, el ex subsecretario radical Patricio Morales o el ex jefe de gabinete de Lagos Enrique París son actores políticos. Sus nombramientos al directorio de la Polla Chilena de Beneficencia no se basaron en su experiencia empresarial o su conocimiento del rubro de los juegos de azar.

Otros nombres que figuran o figuraron recientemente en directorios son los de los ex ministrso Carlos Figueroa (ESAL), Luis Alvarado y Germán Molina en EFE y Germán Correa en Puerto Valparaíso.  También están el ex secretario general del PPD René Jofré y el ex dirigente DC Enzo Piztacchio (sanitaria de Antofagasta); el ex diputado DC Luis Pareto (Polla); la ex intendenta PPD Berta Belmar y el ex Subsecretario Guillermo Díaz (DC) también en EFE.  

Los gobiernos de la Concertación pudieran argumentar comprensiblemente que las empresas públicas requieren de directores con habilidades políticas y capacidad para entender cuestiones del bien público. Pero la necesidad de seleccionar personas que también tengan reconocidas habilidades empresariales queda en evidencia cada vez que un nuevo escándalo de corrupción golpea organismos estatales.

La forma en que los gobiernos concertacionistas han administrado muchas de las empresas públicas no es compatible con un país que ha alcanzado este nivel de desarrollo social y económico. Debemos introducir reformas a favor de un mejor gobierno corporativo en el sector público. Pero en la medida que los gobiernos de la Concertación sigan entendiendo los directorios de las empresas públicas como oportunidades para otorgar premios de consuelo a políticos derrotados en elecciones o a líderes dañados en el ejercicio de sus funciones políticas, deberemos acostumbrarnos a escándalos de mala gestión en las empresas del SEP.

La Presidenta Bachelet tiene una inmejorable oportunidad para construir un legado positivo en su hasta ahora mediocre gobierno. Si se anima a introducir reformas que fortalezcan el buen gobierno corporativo en las empresas públicas, privilegiando las competencias empresariales sobre el cuoteo político y la experiencia técnica sobre la lealtad partidista, Bachelet podrá cumplir su promesa de un gobierno más eficiente, más cercano a la gente y más comprometido con la igualdad y la justicia social. Además contará con el apoyo de la Alianza. Si no se atreve a introducir cambios, se consolidará la percepción de que la familia concertacionista se cree dueña del Estado y utiliza los recursos públicos para su beneficio privado. Bachelet debe demostrarle al país que los directorios del SEP no son una simple y burda repartija de ingresos suplementarios para la elite gobernante de la Concertación.