Patricio Navia

Octubre 13, 2007

La controversia que hoy rodea el Juez Cerda tiene tanto que ver con las pasiones que desata el legado de Pinochet como con algunas irreflexivas actitudes del propio Cerda. Precisamente porque estaba a cargo de un caso tan polarizador, Cerda debió haberse ceñido a hablar de teorías del derecho y no haber cedido a la tentación de participar en política.

Cerda hizo noticia por dos temas relacionados: el procesamiento y arresto de 23 miembros del círculo íntimo de Pinochet y el premio que la otorgó la Fundación Gruber por sus contribuciones como juez y como académico del derecho. Porque ordenó el procesamiento días antes de recibir el premio, Cerda contribuyó a la confusión de la opinión pública.  

La Alianza, que todavía no logra desprenderse del legado autoritario, salió rápidamente en defensa de la familia Pinochet (ojala mostrara la misma preocupación por todas las víctimas de decisiones potencialmente arbitrarias). Algún diputado incluso sugirieron que los jueves chilenos no pueden recibir premios en el exterior (imaginemos qué pasaría con un juez cuya labor lo haga merecedor del Nobel de la Paz).

Pero Cerda contribuyó con leña a la hoguera de ataques en su contra. La orden de arresto pareció más destinada a la prensa que a avanzar la justicia. Además, Cerda innecesariamente entró al campo político. Al declarar “creo que la mayor parte de los chilenos acepta mis decisiones judiciales… y comparten mis puntos de vista”, Cerda pareció buscar legitimidad en lo que pensaba los chilenos y no en la evidencia acumulada en el caso y la doctrina de derecho pertinente. Los jueces no deben mirar las encuestas de aprobación individual. Cerda debió recordar que su premio se lo daban por sus contribuciones académicas y por su trayectoria. No debió haber hablado de otras cosas. 

Por cierto, sus defensores alegan que Cerda está vetado para la Suprema por la Alianza debido a sus valientes posturas contra los abusos de la dictadura. De existir, además de injusto, ese tipo de vetos reflejaría un problema profundo en nuestra democracia. Ya que una reforma constitucional aprobada bajo Frei Ruiz-Tagle obliga al ejecutivo a someter sus candidatos a la Suprema a la aprobación de una mayoría de dos tercios del Senado, los nombramientos de jueces han terminado politizándose. Hasta ahora, los presidentes tienden a turnarse nombrando jueces proclives a la Concertación primero y a la Alianza después. En vez de nombrar a los mejores, se ha impuesto el cuoteo político en la Suprema. El silencio cómplice de todos los senadores evita que el escándalo se haga público, pero no por eso deja de producir daño a nuestra democracia.

Porque aún después de muerto, la imagen de Pinochet todavía polariza, el affaire Cerda ha despertado interés. Pero es mucho más preocupante para la salud de nuestras instituciones que los jueces crean necesario legitimarse buscando aprobación popular y que el nombramiento de los miembros de la Suprema responda al mismo cuoteo político que los propios parlamentarios de gobierno y oposición regularmente denuncian.